Introducción
El programa de 5 puntos que impulsamos desde la OLA es una guía para la acción política, para el debate en el seno del movimiento popular, para la formación de los hermanos y compañeros, y del pueblo en general, y por supuesto, para la construcción y consolidación de nuestra propia identidad y cultura orgánica. No es un programa de gobierno, puesto que nuestra organización no se ha impuesto a sí misma, en esta etapa ni momento histórico, la misión de acaudillar a todo el pueblo tras su liderazgo para gobernar.
Por principio y convicción, nuestra organización no es partidista, sino movimientista: no concebimos al Proyecto Nacional como resultado de una lucha facciosa por el poder coronada por la imposición al conjunto de la sociedad de nuestras propias ideas y propuestas en función de Estado, sino como la resultante de un proceso de concientización y movilización política, social y cultural, del conjunto de las fuerzas nacionales y populares con responsabilidad, voluntad e incidencia, en la construcción de un país con soberanía y justicia social.
Es éste movimiento nacional (que excede por lejos a las organizaciones, partidos y expresiones sociales realmente existentes que lo nutren) la fuerza vital desde la cual se convoca y se construye, la necesidad y la posibilidad, de un nuevo proyecto nacional de todos los argentinos, no los partidos ni las organizaciones.
Por otro lado en términos de caracterización, partimos de la consideración de que el movimiento nacional no se encuentra a la ofensiva, de cara a ser gobierno; sino a la defensiva y en desbandada, urgido de reorganizarse en base a un criterio estratégico sólido, desde el cual pueda ponerse un “piso” al fracaso del Frente De Todos y la dirigencia que lo concibió y sostuvo, para preparar la resistencia a un enemigo, que si bien está relativamente conflictuado, trabaja firmemente por mantener la iniciativa y barrer violentamente con toda posibilidad de reconstrucción política popular.
El movimiento nacional no se encuentra en proceso de desarrollo y consolidación sino inmerso en la confusión, con falta de una estrategia común, de un horizonte común y, lógicamente, de un liderazgo unánimemente reconocido y efectivo.
Esta convicción movimientista, y la caracterización que hacemos acerca de la situación concreta por la que atraviesa el movimiento nacional y sus desafíos derivados, hace inconducente la discusión y la puesta en común de un detallado programa de gobierno: el movimiento nacional no está en condiciones de preguntarse cómo va a gobernar ni los medios ejecutivos y legislativos qu deberá arbitrar para hacerlo; sino bajo que signo se va a reorganizar para resistir la ofensiva liberal en curso, y en base a qué modelo de sociedad y de país va a reconstruirse para frenar la ofensiva del enemigo, retomar la iniciativa, y recuperar la capacidad de convocatoria al conjunto de los argentinos.
Una vez quebrada la ofensiva del proyecto reaccionario de reconversión globalista y segregacionista del enemigo, con todos tirando para el mismo lado y mirando hacia el mismo horizonte, ahí sí será necesaria y hasta prioritaria si se quiere, la síntesis y elaboración de un programa de gobierno del movimiento nacional y popular, teniendo en cuanta la realidad del país que recibamos, su situación, capacidades, condiciones, instrumentos disponibles, etc.
Desde la OLA tenemos como norma no vender humo para ganar simpatizantes, fama o tener masa de maniobra para negociar kioscos, sino que asumimos la responsabilidad de promover un proceso de educación política popular profundo, capaz de facilitar la recuperación para la comunidad, del protagonismo y la participación en la lucha política.
El pueblo sufre y la patria está seriamente en peligro, necesitamos orientaciones concretas para reconstruir el movimiento nacional, darle un orden común, un horizonte común, posibilitar la emergencia de una conducción que lo exprese, y resistir hasta rehabilitar las condiciones que nos permitan disputar el gobierno para establecer un proyecto nacional.
El programa de 5 puntos entonces, es una herramienta para la lucha y la construcción política. Refiere a nuestra visión de lo que consideramos las orientaciones fundamentales de la recuperación de soberanía y de la arquitectura estratégica del poder de un nuevo proyecto nacional, en lo político institucional, en lo económico, en lo social, en lo militar y cultural.
No quiere decir que ese deba ser el programa estratégico del movimiento nacional, sino que lo entendemos como nuestro aporte a la construcción del programa común del movimiento nacional, que lógicamente irá con el tiempo fraguándose como resultante de la dinámica de fuerzas en su seno, con sus matices, acuerdos y desacuerdos.
Los 5 puntos para el Proyecto Nacional
1-Diálogo Nacional Vinculante para el Proyecto Nacional
El primero de esos puntos, refiere a la necesidad imperiosa de convocar a un amplio dialogo nacional, político, social y productivo, de carácter vinculante y permanente para el Proyecto Nacional. Los llamados al “diálogo nacional” para la construcción de “consensos básicos perdurables a través de los gobiernos” (muchas veces llamados “políticas de Estado”) ya son parte del folklore de la clase dirigente argentina, que desde la política, los sectores productivos, sindicales, sociales, culturales, etc, pujan por su participación en el modelo de desarrollo.
En principio este gran acuerdo nos parece muy noble, pues las mayorías nacionales requieren para su proyecto de vida y realización, un marco de estabilidad y previsibilidad, con objetivos y compromisos pesables y medibles que queden claros para todos los sectores.
Sin embargo, lo que suelen ocultar bajo todo este gastado palabrerío, es justamente el carácter del régimen resultante de esos acuerdos. Los “consensos” del conjunto de la dirigencia con los enemigos de la nación, los saqueadores y los hambreadores del pueblo, solo serán posibles si se contempla tanto en el diseño institucional como en las políticas de fondo, sus intereses antinacionales y antipopulares, desde el vamos contradictorios y hasta opuestos a un proyecto nacional para todos los argentinos.
Por eso, nuestra convocatoria a un amplio diálogo nacional tiene un primer aspecto condicionante: es un diálogo para el Proyecto Nacional, no para la negociación de los márgenes de administración de la colonia. Y desde ya que este diálogo para el Proyecto Nacional requiere que los acuerdos sean de efectivo cumplimiento, tanto en cuanto a los derechos como a las responsabilidades asumidas por cada sector de la vida nacional, y es por eso que nosotros le agregamos el concepto de “vinculante”.
Porque la experiencia de nuestro país nos indica que las palabras se las lleva el viento, y que es sumamente necesario que el incumplimiento o la negativa sectorial o corporativa a aportar responsable y solidariamente al desarrollo nacional debe ser penalizada en diversos modos o grados, de acuerdo a su origen y consecuencias, tanto a nivel político como a nivel económico, social y legal, incluyendo el administrativo.
Sí queremos iniciar un camino sinuoso y lleno de desafíos, pero firme y perseverante, hacia un Proyecto Nacional de todos los argentinos, necesitamos que ese diálogo sea serio y profundo, es decir, amplio, representativo de la sociedad real, verdaderamente federal y vinculante, que impida la posibilidad de que algunos vivos “saquen los pies del plato” por priorizar sus compromisos con agencias exteriores, por cálculos sectoriales o por mero oportunismo mezquino político-electoral.
Esta convocatoria que proponemos, no está planteada de forma libre y a agenda abierta, lo cual la condenaría al fracaso desde el vamos, sino públicamente condicionada a la construcción de un modelo argentino de más soberanía y justicia social, con el conjunto del pueblo participando y custodiando la naturaleza de los acuerdos.
De esta manera, cuanto más profundos, extendidos y respetados resultaren los compromisos alcanzados, menor será la necesidad de la intervención pública, estatal y popular, en los asuntos del desarrollo.
El “Diálogo Nacional Vinculante para el Proyecto Nacional” que proponemos desde la OLA persigue el objetivo fundamental de consolidar y expandir el poder político de la nación, aislando a los enemigos del pueblo, neutralizando a los hipócritas, y convocando al debate y la movilización social extendida alrededor de los problemas nacionales fundamentales: modelo económico, modelo social, régimen institucional, y seguridad y defensa nacional.
2-Nacionalización del comercio exterior
El segundo punto de nuestra propuesta, es avanzar en la nacionalización del comercio exterior.
Hay que tener en cuenta que el crecimiento, la reindustrialización, la creación de empleo y la distribución de la riqueza, así como el mejoramiento de la infraestructura soberana y los planes de desarrollo e independencia tecnológica, necesitan de financiamiento, cuyo combustible, si no queremos endeudarnos más y en peores condiciones, es el comercio exterior. Ahí están los dólares genuinos que recaudamos vía exportaciones de bienes y servicios, así como los dólares que gastamos vía importaciones para el consumo y la producción. El que tiene la manija de esta puerta giratoria decide en buena medida quién gana y quién pierde, que sectores se desarrollan más rápido y cuales se hacen inviables, adonde se orienta el grueso de las inversiones y donde se despromueven o desploman. Hoy ese resorte fundamental para el desarrollo del país, está mayoritariamente en manos del capital financiero trasnacional, lo cual es absolutamente intolerable e inaceptable.
La recuperación del control del comercio exterior sobre determinados sectores estratégicos de la economía (principalmente de productos primarios y sus derivados) es condición impostergable para poder parar la pelota y establecer las bases de un nuevo modelo de país. Mientras el flujo de las riquezas nacionales sea controlado y administrado por un puñado de multinacionales, representación hegemónica del capital financiero en el dominio colonial de nuestro país, será imposible facilitar el ahorro nacional, la sostenibilidad financiera, la orientación de la inversión productiva y la planificación del modelo de desarrollo.
Nacionalizar el comercio exterior, si bien permite disputar y regular renta, la principal ventaja que ofrece es la posibilidad de recuperar la capacidad de planificación del proceso económico, ya que hoy es el capital financiero, el "mercado mundial", es decir un puñado de empresas multinacionales, las que deciden que se produce, como se produce, donde, quien y con qué niveles de renta en toda la cadena. Quien gana y quien pierde en la Argentina y bajo qué condiciones.
Si nuestro país no tiene control de las divisas que genera, ni del ritmo y naturaleza de sus inversiones, ni de las principales variables fundantes de su modelo de desarrollo en general, difícilmente podamos establecer un criterio realista de cómo abordar los problemas derivados, como la deuda, la distribución de la propiedad y la renta nacional, el abastecimiento energético, el carácter de los servicios públicos, o la industrialización complementaria y sustitutiva, etc.
La mera redistribución de retenciones, por ejemplo, no altera en absoluto el férreo control del capital financiero sobre las riquezas del campo argentino, por lo cual nuestra indecisión de recuperar la palanca fundamental de la planificación del proceso económico, nos lleva a la consecuencia directa de terminar priorizando un enfrentamiento social y político interno con sectores productivos del país, por sobre la convocatoria a la construcción de una voluntad nacional homogénea frente a la posición dominante de los fondos de inversión y usura internacional.
El diálogo nacional que planteamos en el primer punto es, entre otras cosas, un instrumento para la promoción de la integración virtuosa de los sectores nacionales en el modelo de desarrollo: los movimientos del trabajo y la producción con criterio nacional son junto al Estado (es decir, la ación políticamente organizada) la fuerza directriz alrededor de la cual deberá erigirse el modelo argentino.
Y es bajo este esquema que pensamos la nacionalización del comercio exterior: no el control estatal por imposición facciosa-partidista (que por naturaleza es transitoria) sino como resultante de los compromisos asumidos por la Comunidad Organizada convertida en voluntad nacional (acuerdos de largo plazo).
Desde la OLA vemos una posibilidad histórica, siempre en el marco de un diálogo y compromiso nacional, de restablecer un proceso racional y beneficioso de asociación entre los productores y el estado en los marcos de una nueva agencia participativa, sobre la base de la recuperación del control del comercio exterior hoy en manos extranjeras, y para decirlo sin vueltas, de la recuperación de las capacidades de planificación soberana, responsable, constructiva y conjunta de la economía en áreas estratégicas que son asunto de seguridad nacional.
Ahora bien, ¿alguien en su sano juicio puede pensar que el capital financiero (con sus instrumentos globales, estatales y paraestatales), y sus aliados en el país (económicos, políticos, sociales, institucionales, mediáticos, etc) van a dejar sin más que los argentinos recuperemos nuestra soberanía económica, productiva y financiera? ¿Qué van a aceptar el nuevo régimen político y social de unidad nacional permitiendo su libre desarrollo porque son respetuosos de la autodeterminación de los pueblos, la institucionalidad y los derechos humanos?
Muy por el contrario: los enemigos de la Argentina y de las naciones utilizarán todos los recursos a disposición para la desestabilización y la derrota del proyecto nacional.
El primer obstáculo lo podemos resolver con el diálogo nacional vinculante, consolidando el poder político del proyecto nacional. Pero el segundo es la guerra económica.
La nacionalización del comercio exterior no es un hecho administrativo, conjunción mágica de leyes y decretos. Es un hecho político, de fuerza, que busca la recuperación de la independencia económica de la nación y el desplazamiento de las multinacionales del control del proceso productivo, que implicará sin ninguna duda su feroz resistencia y por lo tanto, la merma y la complicación transitoria de nuestro comercio con el mundo y la propia producción de bienes y servicios básicos en nuestro país.
Todos los países con voluntad nacional dispuestos a enfrentar de una u otra forma la hegemonía anglo-estadounidense y corporativa, se han enfrentado y se enfrentan a duras guerras económicas y sanciones que dificultan la obtención de divisas y la realización de las inversiones necesarias para que la economía de las naciones funcione con normalidad. El objetivo prioritario de estas sanciones y boicot al desarrollo, es justamente rendir a los pueblos por hambre, dificultades y carencias para obligarlos a abandonar su camino soberano.
Es por eso que al diálogo nacional vinculante, que nos permite recuperar la soberanía política, y a la nacionalización del comercio exterior, que nos permite avanzar en la independencia económica, agregamos nuestro tercer punto de “Red Federal de Economía Pública”, como vector principalísimo de la justicia social.
3-Red Federal de Economía Pública
El tercer punto, refiere a la creación de un Régimen Federal de Economía Pública. Por supuesto, esto tiene que ver con abrir una trayectoria gradual hacia el modelo de desarrollo e integración nacional y social que aspiramos a construir en el tiempo.
Cuando planteamos que hace falta un nuevo proyecto nacional, lo planteamos en términos de soberanía pero también de participación, protagonismo y compromiso armónicos de todos lo sectores sociales con el modelo de desarrollo, sin dejar a nadie afuera.
Avanzar en la creación de un sistema de empresas testigo de gestión mixta, estatal/cooperativa, no solo cumple con la función de desmonopolizar y fomentar la sustitución de importaciones, así como facilitar el agregado de valor a las economías regionales, sino que también ayuda a combatir el desabastecimiento, la inflación y brindar plena participación a los excluidos, a los trabajadores, los sectores profesionales y productivos, en el modelo de desarrollo nacional, haciéndolos protagonistas del mismo, y ya no como meros beneficiarios de políticas focalizadas de supervivencia en la marginalidad y la indignidad, o como simples oferentes de productividad para las políticas de saqueo y vaciamiento nacional.
Hablamos de crear empleo masivo de calidad e impulsar experiencias de autogestión público-privada bajo la orientación de promover una administración responsable de los beneficios del trabajo y la producción, liberando progresivamente al estado de la obligación de grandes inversiones en asistencia social directa.
Estamos convencidos por la triste experiencia cotidiana y por evidencia histórica, que gran parte de la cúpula empresaria argentina, asociada económica y políticamente con el capital financiero y los instrumentos políticos e institucionales concretos de la dependencia, no solo en general no se subordinará a una estrategia de desarrollo nacional, sino que la combatirá activamente, política y económicamente. Frente a eso, necesitamos impulsar un actor económico enraizado en el interés nacional capaz de garantizar producción, productividad, precios y abastecimiento entre otras cosas, al menos para sostener el funcionamiento básico del país durante la etapa de transformaciones y cambio de régimen, aunque su proyección trascienda la emergencia y sea de carácter estratégico. Ese actor económico y social capaz de sostener los cimientos del proyecto nacional, lo ciframos en la alianza virtuosa entre los trabajadores que la economia de la dependencia es incapaz de absorber y que hoy descarta de plano, el movimiento obrero organizado, los profesionales con voluntad productiva y creativa, las instituciones de innovacion, ciencia y tecnología, el estado en manos nacionales, y los sectores de la economía privada con voluntad de subordinarse a un proyecto nacional.
De este modo, los excluidos dejarían de ser un “doloroso problema irresuelto” como se postula desde las visiones que se plantean la administración progresista de la crisis, para ser solución productiva y protagónica en los marcos de un proyecto verdaderamente nacional.
Construir una red de economía pública de asociación social, estatal y privada, para garantizar el funcionamiento del país independientemente de las extorsiones del capital financiero y su modelo de desarrollo colonial, anti industrial y de saqueo, lejos de ser un disparate, es una necesidad histórica y política de la Argentina.
Es decir, un poder capaz de garantizar previsibilidad al proceso económico, productivo y de inversión, previsibilidad que la confrontación entre el poder político nacional y la matriz productiva presente, jamás podría ofrecer si no es en base a la rendición y la consolidación de la dependencia.
4-Nacionalización de los sistemas de justicia, inteligencia, seguridad y defensa nacional
Los instrumentos son muchos y variados, pero fracasados sus intentos políticos y sorteados los desafíos más complicados del proceso económico, la política principal del enemigo en su plan de desestabilización de los proyectos nacionales, pasa por la utilización de su capacidad de penetración en los instrumentos del poder profundo del Estado colonial: la Justicia Federal, los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, desde los que puede desatar no solo conflictos interinstitucionales y golpes de estado en sus distintas variantes, sino operar acciones de falsa bandera con intención de promover el disenso y el enfrentamiento social. Y si esto no funciona en su misión desestabilizadora, recurrirá sin lugar a dudas al conflicto militar abierto, directo o por intermedio de terceros.
En nuestro país este nivel de infiltración y práctico control de los organismos de justicia federal, inteligencia y seguridad nacional, es harto conocido por todos e incluso expuesto, ya no solo por quienes lo denuncian, sino por los mismos agentes del poder colonial, que deambulan sin ruborizarse por cuanto evento realicen las embajadas de la tríada EEUU-Israel-Gran Bretaña.
Del mismo modo y por su rol esencialmente disolvente, antinacional y antipopular, está demás concluir en su papel respecto de la connivencia de estos organismos de seguridad nacional y justicia con el crimen organizado, nacional e internacional.
Hay que cortar las manos del ocupante y de los enemigos de la nación: en los sistemas de seguridad, inteligencia, en la justicia federal y en la defensa nacional, establecer nuestra propia doctrina, sacarnos de encima el tutelaje del Comando Sur, cerrar la embajada Británica, expulsar a las agencias de inteligencia del enemigo en territorio nacional, degradar las relaciones diplomáticas con estos 3 estados enemigos, y establecer una frontera infranqueable entre Estado y crimen organizado de la mano de políticas públicas activas y de la más amplia participación popular.
En un mundo cada vez más inestable e inseguro por la acción hegemonista y arrogante de las potencias, nuestra patria rica en recursos naturales y débil en su capacidad soberana de defenderlos de la voracidad imperialista, se enfrenta a una serie de desafíos geoestratégicos que potencian los riesgos y desafíos existenciales. El acuerdo militar de defensa común británico-chileno a medida que nos acercamos al fin del tratado antártico presenta peligros ciertos de proyección continental de la ocupación, así como la creciente presencia norteamericana en la cuenca del plata estableciendo acuerdos con nuestros vecinos, pone en serios problemas nuestra posibilidades de recuperación soberana pacífica de nuestro comercio internacional.
Recuperar nuestro sistema de defensa, inteligencia y seguridad con participación de todo el pueblo para una política geoestratégica soberana e integracionista, es objetivo fundamental y prioritario para cualquier intento serio de proyecto nacional.
5-Incorporación de la comunidad a la lucha contra el narcotráfico y emergencias nacionales
Específicamente este punto es una seña particular de nuestra organización, absoluta e indisolublemente ligado a la lucha cultural en el terreno de los valores y las normas de convivencia social.
Hay que terminar con la indolencia, la hipocresía y hablar de frente a la sociedad restableciendo un pacto común, mutuo y recíproco, de esfuerzos, sacrificios y cohesión para la construcción de un buen vivir. Sanear el territorio no es asunto privativo de las fuerzas de seguridad, es en primer lugar, asunto del pueblo que sufre las consecuencias más atroces de la impunidad del crimen organizado y por supuesto, de su dirección política. Sin el llamamiento a un fuerte compromiso popular no hay Estado que alcance, y todo intento de saneamiento institucional, caerá en el saco roto de la impotencia, el derrotismo y la resignación corrupta y corrompida si no hay un firme y activo sostén y compromiso de las familias, las comunidades y en particular, la juventud.
Así como recurrimos a la movilización popular como método para la consolidación del poder político de la nación con el diálogo vinculante, del poder económico-social con el régimen de economía publica y del poder militar con la política de defensa y seguridad, hacemos foco en la lucha cultural alentando a la batalla por el rescate y la solidaridad restableciendo el poder y la responsabilidad de la comunidad en su propio proceso de reparación y reconstrucción. Los lazos solidarios del pueblo con el pueblo se desgarran a pedazos e impiden toda perspectiva de futuro si la droga, la violencia, los vicios y los excesos se siguen adueñando de la dinámica de las relaciones sociales dominantes en la comunidad. La narcoviolencia y las emergencias nacionales son dos puñales que al mismo tiempo que desangran a nuestras comunidades, brindan oportunidades para su consolidación solidaria y orgánica si los valores, el amor y el compromiso colectivos orientan la lucha por un futuro y una sociedad mejores.
He aquí una explicación sintética de los 5 puntos que componen nuestro programa para un nuevo Proyecto Nacional.
Marzo 2023
No hay comentarios:
Publicar un comentario